Diario Clarín, 27 de octubre de 2008
Es un proyecto que el Senado aprobó en 2005, pero Diputados nunca quiso tratar.
Por: Armando Vidal
Quién fue el que votó en contra?", dijo abriendo los ojos sobre el recinto la entonces senadora Cristina Kirchner. Le respondió el secretario parlamentario del cuerpo, Juan Estrada. Era el jujeño Guillermo Jenefes, tres hijos, entonces de 45 años, un conservador en las filas del kirchnerismo, el único que se opuso.
Fue en 2005. Cristina era la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Néstor Kirchner el presidente de la Nación y el socialista Rubén Giustiniani el legislador más feliz de ese día porque lograba la primera sanción en la Cámara alta a un proyecto de su autoría. Era la reducción de la mayoría de edad de los 21 a los 18 años. O sea el título pleno y legal de la condición de adulto.
Pero Jenefes no era el único conservador en el Congreso. Muchos más había en la Cámara de Diputados, que suele hacer gala de todo lo contrario. Por eso, pasados los tres períodos parlamentarios sin tratamiento --el plazo fijado por la ley Olmedo para los proyectos que tienen sanción de una de las dos Cámaras--, la ley sucumbió a mitad de la carrera.
Pero Giustiniani, que antes de senador fue diputado, volvió a la carga: y cuando el miércoles pasado parecía que iba a votarse otra vez en el Senado, el presidente del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto, pidió un poquito más de paciencia. Una semana, con lo cual el asunto quedó postergado para la próxima sesión.
Ante la ola de delitos graves, hay sobre los jóvenes en la provincia de Buenos Aires --no en el Congreso, al menos por ahora-- la intención de bajar la edad para hacerlos punibles con los mismos castigos de los adultos. Suelen reclamarlo sectores conservadores.
Pueden ir a la cárcel, pero no tomar otras decisiones por sí mismos. Por ahora, cuesta imaginar el impacto de la ley cuando se apruebe: los chicos, a los 18, estarán en condiciones de decidir sobre sus destinos, como casarse, firmar contratos, viajar al exterior y escapar de los trámites permanentes en caso de estudiar dentro del país fuera de los lugares de residencia.
Con la normativa vigente, ahora, a los 18 sólo están aptos para ir a la guerra.