Con un proyecto de ley que busca provincializar los Registros de la Propiedad Automotor (incluyendo los de motos y de maquinarias) la diputada Alicia Ciciliani logró colocar su dedo en una zona sensible de la historia política argentina de los últimos cincuenta años. Y abrió una polémica.
Aunque en el último quinquenio el kirchnerismo transparentó parcialmente el acceso y tenencia a la titularidad de los registros —impulsando concursos para las vacantes— lo cierto es que una larga tradición de discrecionalidad, favores personales y políticos dominaron —y perduran— en el negocio de los registros.
La práctica fue común a todas las administraciones, tanto radicales como peronistas.
Aunque no se trata de ñoquis ni de una actividad que se realice de un modo deficiente, una larga lista de ex políticos y políticos en actividad, de todos los colores, han tenido y mantienen el control sobre registros del automotor. Y en todos los distritos del país.
La propia Ciciliani tuvo, en días pasados, un debate radial acalorado con la diputada provincial María Eugenia Bielsa, vinculada a un Registro de la Propiedad Automotor a través de su padre, en su momento, y luego de su marido, ya fallecido. Bielsa negó todo vínculo actual con la actividad.
Si bien el artículo 1ª del proyecto de la vicepresidenta tercera de la Cámara baja nacional dice “transferir los registros de la Nación a las provincias”, la propia Ciciliani explicó ayer a La Capital que el sentido principal que la moviliza es “estatizar directamente los registros, eliminando la figura del «encargado» de registro”.
Los registros, unos mil quinientos en todo el país, de los cuales algo más de mil atienden los trámites de autos, funcionan con un régimen ambiguo. Son privados en tanto su titular, una vez designado, mantiene potestad de por vida, aunque a la vez están minuciosamente reglados por la Dirección Nacional de los Registros de Propiedad Automotor (DNRPA), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.
Con la explosión de ventas de autos cero kilómetro en los últimos años y el movimiento creciente del mercado del usado, estimaciones hablan de 1.500 millones de pesos —o más— por año que mueven los registros en todo el país. “Queremos terminar con la discrecionalidad que dominó desde siempre la designación del «encargado», en general un favor político de las distintas administraciones. Y también pretendemos que los ingresos que van al Estado nacional pasen a las provincias”, explicó Alicia Ciciliani a este diario.
Más para el Estado. Lo primero que hizo Néstor Kirchner con los registros, en 2005, fue aumentar las alícuotas de participación del Estado en la recaudación. Desde ya, cuando un ciudadano compra un auto y paga —por caso— mil pesos (por los distintos formularios, tarjeta verde y demás), de esos mil pesos, unos quinientos van al Estado nacional, y otro tanto queda como recaudación genuina de esa “microempresa” que concreta el trámite y que luego deducirá gastos, pagará sueldos e impuestos y obtendrá una rentabilidad: la ganancia neta del “encargado”.
Según pudo averiguar La Capital a través de distintas fuentes que son parte de la actividad, la renta de un Registro Automotor puede variar entre 15 y 40 mil pesos mensuales, dependiendo de la ubicación, nivel socioeconómico de la zona, extensión y demás.
“Provincializar los registros es un imposible, desde el punto de vista práctico, y también conceptual. Seria regresar una lógica pre-Estado nacional, una lógica medieval, un federalismo mal entendido, una disgregación del territorio. Registrar los vehículos del país es tarea de una dirección nacional, como funciona en la actualidad”, ya le advierten desde la cúpula parlamentaria del kirchnerismo a la diputada Ciciliani, mano derecha de Hermes Binner en el Congreso y a cargo de la coordinación del interbloque FAP.
Palabras más o menos, fueron las que recibió Ciciliani ayer del propio ministro de justicia, Julio Alak, de cuya cartera depende la DNRPA. Alak se comunicó con Ciciliani, rechazó de plano la idea de la provincialización, pero le ofreció a la socialista rosarina que hiciera una propuesta para empezar a resolver el tema más sensible: mejorar la designación de los “encargados” o si directamente los registros deben incorporarse de manera plena a la administración pública.
Demonización. Al frente de la DNRPA se encuentra Mariana Aballay, referenciada en la agrupación kirchnerista La Cámpora. Como ya es habitual, la agrupación kirchnerista que tiene la confianza de la presidenta Cristina Fernández, y donde actúa su hijo Máximo, ha sido sistemáticamente demonizada por varios medios de comunicación opositores al gobierno que cuentan con el favor de las audiencias mayoritarias.
Aballay, que ejerce la dirección con legalidad y legitimidad, es fustigada como “administradora de una caja para La Cámpora”. A su vez, el proyecto de Ciciliani tomó visibilidad contemporáneamente a la campaña mediática opositora contra Aballay. Incluso se le adjudicó a la rosarina que su proyecto tenía el objetivo principal de “sacarle al caja a La Cámpora”.
“Nunca me referí a La Cámpora. Clarín publicó presuntas declaraciones mías contra La Cámpora que no hice. Mi convicción es que los registros pasen a ser estatales para resolver lo que entiendo un viejo sistema discrecional que ya no debe perdurar en la Argentina”, abundó la diputada desde despacho en el noveno piso del edificio anexo de Diputados.
Los registros automotor, con todo, expresan una complejidad. ¿Es legal que estén en manos de personas de amistad con los distintos jefes políticos que pasaron a través los años? Sí, es legal, pero cuestionable la legítimidad. ¿Funcionan, en promedio, con eficiencia? Sí, claramente mejor que otros ámbitos registrales, como el caso de los inmuebles.
Un dirigente político muy conocedor de la historia de los registros le dijo La Capital: “¿Si vos estás en una función ejecutiva y tenés que nombrar a alguien en un puesto, ponés a uno de tu confianza o ponés a un desconocido?. Seamos honestos, nadie pone a un desconocido, ni en el Estado, ni en la actividad privada.
Fuente: Diario La Capital.
