El encuentro cerró este sábado sus deliberaciones en Rosario, encabezado por su presidente, Hermes Binner, quien declaró: “El gobierno nacional no reconoce la profundidad y amplitud de problemas estructurales pendientes”
Alicia Ciciliani, Hermes Binner y Alfredo Lazzeretti.
Binner manifestó con preocupación: “Ante la falta de respuesta política a los problemas sociales e institucionales que evidencian la Argentina de hoy”, y opinó: “Vemos a un gobierno autocomplaciente por algunos logros obtenidos, sin reconocer la profundidad y amplitud de los problemas estructurales pendientes.
“El proceso inflacionario impacta negativamente en el sector productivo, principalmente el vinculado a las exportaciones, lo cual frena la actividad económica y la creación de empleo”, opinaron en el documento final los dirigentes socialistas de todo el país, y enumeraron que: “la industria automotriz, las economías regionales con sus diversas producciones están en serias dificultades. Vemos producciones primarias frutihortícolas y productoras de alimentos - mano de obra intensivos - con problemas de competitividad que hace peligrar miles de puestos de trabajo y la continuidad de la actividad de pequeños y medianos productores”.
“El deterioro de los ingresos de los sectores asalariados, jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales como resultado del proceso inflacionario con índices superiores al 20% anual, constituye una deuda política importante. El Observatorio de la Deuda Social nos muestra con crudeza y realismo el deterioro económico y social de gran parte de la sociedad, frente a un INDEC vulnerado y nada creíble ”, analizaron.
“Frente a esta realidad, desde el gobierno se construye un discurso político que parece dar cuenta de un país que no existe, divorciado de los problemas cotidianos de la mayoría de los argentinos y argentinas”, criticaron y agregaron que “el gobierno nacional, reduciendo la masa de impuestos coparticipables y distribuyéndolos discrecionalmente, transfiere el ajuste a las provincias y los municipios, que es donde se prestan los servicios de educación, salud, justicia y seguridad. La autonomía de las provincias es vulnerada, y solo queda el recurso judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación frente a la negativa del poder político de resolver los problemas en los ámbitos institucionales que corresponden”.
“El deterioro de la calidad y el acceso a los servicios de salud, educación y vivienda del Estado, la asfixia financiera de las provincias, la negativa a reconocer la falacia de los indicadores del INDEC, agudiza aun más las carencias de los sectores más vulnerables. Condenamos la represión ocurrida en distintas provincias para callar los reclamos frente a esta situación”, denunciaron.
En tanto, el documento expresó que “La baja calidad institucional reflejada en el abuso de una mayoría parlamentaria en el Congreso de la Nación, que pretende reducir su participación a la mera aprobación de las propuestas del Poder Ejecutivo; el incumplimiento de la ley de coparticipación federal; la falta de diálogo político; la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, constituye un obstáculo para el desarrollo económico y social”.
En este sentido, el Comité Nacional del Partido Socialista enumeró 12 puntos en los que considera distintas necesidades: 1) De cumplir con la actual Constitución Nacional y rechazar todo intento de reforma para posibilitar la re-reelección presidencial, como lo expresara con contundencia nuestro último Congreso Partidario; 2) De respetar a las instituciones y convocar al diálogo político.; 3) De consensuar un programa anti-inflacionario que aborde con responsabilidad este flagelo; 4) De cumplir con el piso del 34% de coparticipación a las provincias; 5) De reintegrar el 15% que se retiene indebidamente de la masa coparticipable a las provincias con destino al ANSES; 6) Que se reconozca la deuda que la Nación mantiene con las provincias; 7) De promover una reforma tributaria progresista y federal para que paguen más los que más tienen; 8) De asignar los gastos con eficiencia y transparencia para generar políticas públicas de calidad para todos y todas; 9) De cumplir con el 82% móvil y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a los jubilados; 10) De promocionar una política integral de seguridad que convoque a las provincias para la coordinación de todos los actores involucrados; 11) De defender nuestros recursos naturales y de promover una política energética limpia y autosustentable; 12) De promover una reforma del sistema financiero para facilitar el crédito destinado a la inversión de pequeñas y medianas empresas.
“Los y las socialistas seguiremos trabajando por una democracia que garantice el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo, con la supremacía de la ley y el estado de derecho, desterrando las tendencias autoritarias y personalistas”, aseguraron, para concluir que “convocamos y reafirmamos nuestro compromiso a seguir construyendo una alternativa política en el Frente Amplio Progresista para construir esa Argentina que soñamos”.
Por otra parte, se expresó el enérgico repudio a la resolución firmada en el día de ayer por la subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Nación, Pimpi Colombo, mediante la cual se suspendió a la entidad Consumidores Libres del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, por haber difundido índices de precios de artículos de la canasta básica de alimentos, que según un relevamiento publicado el pasado 22 de agosto, habían verificado un aumento del 0,43% durante la primera quincena de agosto, totalizando desde enero una suba acumulada del 17,53%.
Estuvieron presentes en la reunión del Consejo Federal del PS el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti; la intendenta de Rosario, Mónica Fein; el senador nacional, Rubén Giustiniani, los diputados nacionales Juan Carlos Zabalza, Alicia Ciciliani, Roy Cortina, Elida Rasino y Ricardo Cuccovillo; el Secretario general partidario, Alfredo Lazzeretti, la Secretaria Adjunta Verónica Gómez, el senador provincial por Santa Fe, Miguel Lifschitz, legisladores provinciales, concejales y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y representantes de todas las federaciones del país.
